El cierre de la frontera en Ceuta que decidió Marruecos hace dos años mantiene atrapados en la ciudad autónoma a medio millar de marroquíes que no pueden regresar a su país, pero que tampoco tienen residencia en España. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reclamó al Defensor del Pueblo que se busque una solución. Ahora, desde la oficina del Defensor del Pueblo que dirige Ángel Gabilondo han informado que ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que les conceda la autorización de residencia y trabajo.
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