El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019, ha situado a los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia y Melilla como "administraciones entorpecedoras" de su labor en 2019. En total 117 entidades generales, autonómicas y locales no han contestado a esta institución tras el tercer requerimiento de información.
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