Yolanda pide ayuda para que el Ayuntamiento atienda su caso. Llegó a esa casa, propiedad de un banco, como okupa tras ser víctima de violencia de género y con una orden de alejamiento, teniendo a su hija enferma y con un 46% de discapacidad. Atendiendo a su situación, el banco aceptó que se quedara en el piso pagando un alquiler social de 91,80 euros al mes cuyo contrato vence el próximo 20 de octubre. La entidad quiere vender el piso.
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