Durante el mes de noviembre y principios de diciembre se investigó a 43 personas por presuntos delitos contra el medio ambiente, falsificación documental y pertenencia a organización criminal, que en los dos últimos años habían logrado trasladar desde la isla de Gran Canaria a África más de 5.000 toneladas de residuos peligrosos de aparatos eléctricos, obteniendo beneficios económicos de más de 1,5 millones de euros.
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