Tras varios meses de indagaciones e inspecciones, la Secretaría de Educación descubrió en Bucaramanga 65 colegios privados que tenían su licencia de funcionamiento, pero que no brindaban ningún tipo de enseñanza. Tales instituciones completaban varios años, algunas hasta cerca de una década, sin ofrecer servicios educativos, por lo que ya se inició el debido proceso para revocarles sus permisos de operación.
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