El liberalismo económico propugna la casi nula intervención de los poderes públicos. Sólo acepta que las Administraciones intervengan en pro de un funcionamiento óptimo de la economía, pero no acepta otro tipo de regulaciones, que podrían denominarse “intervenciones no conformes”. Este tipo de modelo económico se desentiende del trasfondo social, es decir, niega que el Estado deba intervenir para proteger al elemento más débil de las economías, los ciudadanos.
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