Las víctimas pactaban unas condiciones laborales con un supuesto empresario español, que asumía los gastos de su viaje, unos 1.700 euros que podrían devolver poco a poco cuando empezaran a trabajar. Una vez en nuestro país eran trasladadas a un club de alterne en la provincia de Zamora donde las obligaban a ejercer la prostitución hasta pagar la deuda adquirida, que ya en ese momento ascendía a 4.000 euros
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