El Ejecutivo introdujo en 2015 la figura del "rechazo en frontera" en la Ley de Extranjería a través de la 'ley mordaza' para tratar de dar encaje jurídico a las devoluciones en caliente de inmigrantes. La última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por estas prácticas en 2014 y echa por tierra el intento de legalizarlas.
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