El acuerdo consiste en que Di María acepta pagar dos millones de euros y una pena de un año y 4 meses de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos durante la época en la que jugaba con el Real Madrid. El Ministerio Público sostiene que Di María "con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito" el jugador mantuvo una estructura societaria opaca con el fin de no declarar a la Hacienda española los ingresos derivados de los derechos de imagen obtenidos en los ejercicios 2012 y 2013.
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