La mitad de las declaraciones de bienes de diputados y senadores están incompletas o simplemente omiten información importante para el ciudadano. En el caso de los altos cargos es todavía peor. Para la Administración, el índice de fraude, dejación o engaño en este caso es cero. Todo está bien. Y eso cuando los propios diputados y senadores reconocen en privado que la medida carece del mínimo sentido, ya que la fiscalización que se hace sobre su rendición de cuentas es mínima y los elementos sancionadores brillan por su ausencia.
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