La Fiscalía les acusa de atentado, coacciones a la huelga y lesiones, y se vale del polémico artículo 315.3 del Código Penal, que el Congreso ha aprobado derogar"Queremos demostrar nuestra inocencia, esto es una desproporción absoluta. La intención no es hacer justicia sino intimidar al piquete", dice Rubén Ranz
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