El informe de marzo de 2017 de la organización Food & Water Europe puso de manifiesto la gravedad de un problema que enfrenta a los intereses financieros de la poderosa industria porcina catalana con la seguridad medioambiental y la salud pública. El Gobierno catalán invierte más de 6 millones de euros al año para abastecer de agua potable a la población afectada. A nivel nacional, la industria porcina sigue su rápida expansión basándose en las granjas intensivas. El maltrato animal y los problemas medioambientales asociados aumentan a la par.
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