Un asesor fiscal internacional intenta demostrar en los tribunales que funcionarios de la Agencia Tributaria manipularon la información de sus ordenadores e hicieron “copias furtivas” y no autorizadas durante el registro judicial al que fue sometido su despacho profesional, utilizándose presuntamente dichos datos con posterioridad para poner en marcha actuaciones fiscales contra varios de sus clientes.
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