La inclusión de Arabia Saudí y Panamá en la llamada lista negra de la Unión Europea, esto es, la relación de países que no hacen, a juicio de los 28, los esfuerzos suficientes para combatir prácticas como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, supone un asunto delicado para las grandes empresas españolas, para las que estos países han sido minas de oro en los últimos años en forma de jugosos contratos, especialmente en el sector de infraestructuras.
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