La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) denuncia que empresas que han ejecutado expedientes de regulación de empleo (ERE) están contratando presidiarios a un menor coste para sustituir a los trabajadores despedidos, y exige que se prohíba esta práctica. En una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Interior del Congreso, y que recoge Europa Press, la coalición analiza los efectos que están teniendo los convenios entre empresas privadas e Instituciones Penitenciarias en materia de política de reinserción laboral y acceso al mercado la
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