El gobierno británico anuncia el mayor cambio en los ferrocarriles británicos desde su privatización en los 90. Un nuevo cuerpo gestionado por el Estado vigilará los horarios y precios, y controlará las infraestructuras. Tras años de quejas, este cambio busca mejorar los servicios y vigilar las responsabilidades, aunque la mayoría de trenes seguirán estando operados por empresas privadas.
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