La instalación se encuentra en situación de parada definitiva desde 2017 y encara ya su desmantelamiento. De hecho, Enresa, la empresa pública encargada de hacerlo, indica que ultima la documentación para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica que Nuclenor le ceda la titularidad de la central, algo que espera hacer durante este trimestre. El borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos señala que el coste de desmantelar todas las centrales del país ascenderá a unos 4.224,9 millones de €, sin considerar gestión de residuos
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