Tres días. Es lo que tardó la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en destituir a su hasta entonces máximo responsable jurídico, Jesús Moreno, después de que el directivo avisara en un informe interno del posible "enriquecimiento injusto" en el que había incurrido el presidente, Francisco Gil-Ortega, por el cobro de gastos de viaje cargados a su tarjeta de crédito que no había justificado con las correspondientes facturas.
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