El Gobierno calcula así el perjuicio por copia privada. Las gestoras cobraron 8,6 millones por los derechos del año 2012. Para 2015, los presupuestos les han asignado otros cinco millones. En diciembre de 2011, el nuevo gobierno suspendió el canon por copia privada que se aplicaba a la compra de aparatos y soportes y lo sustituyó por un pago anual a las entidades de gestión de derechos de autor a costa de los Presupuestos Generales del Estado.
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