La cifra total ronda las 10.000 personas, según las estimaciones de los catedráticos de Derecho Procesal Iñaki Esparza y Juan Luis Gómez Colomer, autores de una profunda investigación sobre esta prerrogativa condensada en el Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales, editado por Tirant Lo Blanch. No obstante, Gómez Colomer, que ejerce en la Universidad Jaume I de Castellón, eleva el dato hasta las 250.000 personas por la consideración especial que tienen los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
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