España encabeza, junto a Grecia, el ránking de procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea por no trasponer o hacerlo de la forma incorrecta las directivas comunitarias, normas que establecen los objetivos en diferentes áreas que los países de la UE deben cumplir y que previamente deben haber trasladado a su legislación. En el caso de nuestro país, el mayor número de amonestaciones tienen que ver como materias sensibles como la fiscalidad, las finanzas, la medioambiental y la laboral.
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