Naciones Unidas incluyó en 2002 a España en la lista de países con desaparecidos forzosos tras aceptar parcialmente una denuncia con 64 víctimas. Desde entonces ha llamado la atención sobre la falta de investigación de los crímenes franquistas e insta al país a "asumir sus obligaciones internacionales". La ONU ha criticado que el Gobierno no destine presupuesto a las exhumaciones de restos
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