España se ha ido obligando por ley a facilitar la asistencia religiosa de los militares desde el Concordato con el Vaticano de 1953. De ahí el empleo de fondos públicos, no solo para los curas sino también para mantener el Arzobispado, la iglesia catedral y el seminario castrenses además de los templos católicos destinados a este servicio que se llevaron más de 231.000 euros el año pasado, según la contestación a una solicitud de información cursada al Ministerio de Defensa a través del Portal de Transparencia.
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