En contra de la creencia popular, no es la industria farmacéutica quien más invierte en investigación en salud en España, sino el Estado. Seis de cada diez euros de gasto en I+D sanitario recaen sobre las administraciones públicas que, sin embargo, no son capaces de garantizar el retorno de esa inversión. Es la principal conclusión de un informe de la organización Salud por Derecho, que constata que una vez la innovación pasa a la industria farmacéutica, los acuerdos de confidencialidad hacen imposible saber por qué se dispara el precio
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