En 1997 el Gobierno de José María Aznar liberalizó el sector eléctrico y creó los CTC. En 2008 la Abogacía del Estado establece en un informe que las eléctricas cobraron de más y declaró ese exceso como un "enriquecimiento injusto" que el Estado debía reclamar a las eléctricas. En 2010 caducó el plazo para reclamar el dinero recaudado de más por las eléctricas, sin que el Estado lo reclamase. En 2013 la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia a la cúpula de Industria por prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
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