El hecho de que el espionaje se considerara legal pero no se presentaran cargos contra las personas espiadas deja preguntas sin responder. Además, si la vigilancia de políticos, abogados y sociedad civil era legal y estaba debidamente autorizada, ¿por qué llevó a la dimisión de la directora del CNI y a una reforma de su marco legal? Necesitamos claridad de las autoridades. El Defensor del Pueblo evaluó los casos únicamente desde el punto de vista de la legalidad procesal, no de la proporcionalidad. Para 47 casos no hay explicación alguna
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