Para poder cerrar la RTVV de forma ajustada a derecho había que hacer una ley (discutible a todo punto de vista por el cómo se aprobó), que se redactó a toda velocidad y con evidentes fallos. La improvisada ley prohíbe de forma expresa la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico, prestado por cualquier medio o canal de difusión por parte de la Generalitat. La Abogacía de la Generalitat entiende que esa redacción implica que el Gobierno valenciano renuncia al servicio de forma tanto directa como indirecta.
|
etiquetas: fabra , rtve , rtvv , generalitat , valencia , abogacía 
