Según la versión de Batas Blancas, esos pagos se estarían realizando sin que mediara el preceptivo aval de un concurso público. El primer expediente se licitó en marzo del 2011 por un plazo de dos años y recayó en la compañía catalana Izasa por un importe de más de 10,7 millones de euros más IVA. El segundo, también en marzo del 2011 y por un período de 24 meses, en la empresa ourensana Cogesa, por 610.000 euros más IVA. Y el tercero, en diciembre de ese mismo año, con un plazo de 48 meses y por más de 766.3000 euros, en la firma Comertel.
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