La trama Púnica, presuntamente capitaneada por el empresario Alejandro de Pedro, tuvo una intensa relación con el gobierno autonómico del Partido Popular en la Comunitat Valenciana que está bajo la lupa de la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón investiga un desvío de más de 275.000 euros de fondos públicos que se habrían destinado a sufragar campañas de imagen en Internet de políticos del PP madrileño y valenciano. El magistrado mantiene imputados a la exalcaldesa de Dénia Ana Kringe, y al exalcalde de Castelló Alfonso Bataller.
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