El Tribunal Supremo confirma que el gobierno gallego, presidido por Alberto Nuñez Feijoo, incurrió en desviación de poder y provocó inseguridad jurídica, al anular el concurso eólico aprobado por el gobierno anterior a su toma de posesión. Ahora posiblemente habrá que hacer frente a indemnizaciones a las empresas afectadas.
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