El detonante ha sido la publicación de un calendario de implantación del apartado que afecta a la Fiscalía. Esos plazos obligan a que dentro de un año, todos los órganos del Ministerio Público en las distintas provincias y tribunales hayan completado su transición al papel cero. Es un cambio gradual, así que para algunas delegaciones la fecha límite llega mucho antes y no están preparadas.
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