La Fiscalía Provincial ha abierto Diligencias de Investigación Penal tras la denuncia de la Diputación de Valencia referente al caso de Carles Recio, el funcionario que estuvo diez años sin trabajar pero cobrando del erario 50.000 euros al año. Según fuentes de la Fiscalía, sólo se han abierto DIP y todavía no se ha nombrado a un fiscal para realizar la investigación, paso que se dará estos próximos días. Los delitos que desde la Diputación creen que se pueden haber cometido son los de prevaricación y malversación de caudales públicos.
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