La Fiscalía de Barcelona pretende que las 30 personas −entre ellas, altos cargos de la Generalitat− procesadas por la organización del referéndum del 1-O sean juzgadas, también, por organización criminal. El planteamiento del ministerio público en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contrasta con el que mantiene en el Tribunal Supremo, donde en ningún caso se ha planteado juzgar por pertenencia a organización criminal a los líderes independentistas que organizaron la consulta ilegal.
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