El Ministerio Público Electoral de Brasil, una especie de Fiscalía para los asuntos electorales, ha pedido que la justicia le inhabilite por ocho años al entender que cometió abuso de poder al criticar el voto electrónico en una polémica reunión con embajadores el año pasado, cuando aún era presidente. En la acusación, el partido argumentaba que Bolsonaro usó la estructura de su residencia oficial, el Palacio de la Alvorada de Brasilia, para atacar la integridad del sistema electoral.
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