El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha pedido en su escrito de acusación contra Salvador Alba una pena de diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el juez, además de una multa de 43.500 euros y una indemnización aún sin cuantificar para Victoria Rosell por los daños morales que infligió a la jueza durante la operación maquinada para perjudicar la carrera política y profesional de la también exdiputada de Podemos por Las Palmas.
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