Cuestiona las declaraciones de Ricardo Costa señalando a Camps como responsable directo de la construcción del circuito y que se incorporaron posteriormente a la causa. El fiscal anticorrupción sostiene que la acusación de Costa está injustificada porque la instructora no prueba que el cobro de esas mordidas se produjera. Tampoco entiende que se pueda mantener la acusación del delito prevaricación administrativa, por encontrarse prescrito el delito. Por último Ponce añade que no existen hechos en la causa que tampoco justifiquen la persecución
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