En 2003 la Entidad Estatal del Suelo (SEPES ), dependiente del Ministerio de Fomento que entonces dirigía Francisco Álvarez Cascos, y el Canal Isabel II en 2006, presidido en aquella etapa por Ignacio González, incurrieron en múltiples irregularidades para que las adjudicaciones de dos depuradoras por 10,8 millones de euros, fueran a parar al empresario Rafael Palencia, quien a cambio abonó a la caja b del PP al menos 95.000 euros.
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