Con la llegada de 2018, ha entrado en vigor la ley que permite a los agentes de seguridad privada que operan en suelo francés portar un arma. La ley fue aprobada el pasado 1 de marzo de 2017 dentro de un paquete de medidas para contrarrestar la oleada de ataques terroristas de factura islamista que ha sufrido Francia en los últimos años. La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos teme que, con la aplicación de esta ley, puedan producirse abusos debido a la deficiente formación que reciben los vigilantes y a la escasa supervisión.
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