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Militantes y cargos del partido preparan una querella por los presuntos delitos de falsedad documental, corrupción entre particulares o revelación de secretos. Dan una semana de plazo a la dirección para que aclare lo ocurrido tras el caso de Castilla y León. Este nutrido grupo de afiliados, del que ninguno quiere ejercer de portavoz “por temor a represalias”, se ha organizado desde que saltó a la luz el caso del supuesto pucherazo en las primarias. la Comisión de Garantías ha respondido “con evasivas, ofreciendo información parcial y sesgada
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