El Gobierno ha decidido mantener los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana con los que las Fuerzas de Seguridad podrán reprimir las nuevas formas de protesta ciudadana. El departamento de Jorge Fernández Díaz ha limado aspectos de dudoso encaje constitucional del texto, por indicación de los órganos consultivos, pero ha mantenido íntegros artículos que podrán ser aplicados para castigar un desahucio o disolver una manifestación por criterio puramente policial.
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