El deterioro de los servicios públicos es una de las consecuencias más tangibles de la crisis económica. Al menos en los países del sur de Europa. Por ejemplo, mientras Alemania ha incrementado en 40.000 millones de euros la partida destinada a salarios de empleados públicos desde 2009, España la ha reducido en 4.000 millones en ese mismo tiempo. Un recorte similar al gasto que dedicará el Gobierno a rescatar las autopistas en quiebra, según el Tribunal de Cuentas.
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