El Gobierno utiliza un decreto ley con medidas sociales, como las desgravaciones fiscales a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), para dar luz verde al pago de 1.350 millones de euros de la deuda por el proyecto Castor. La deuda viene de la sentencia del Supremo que había obligado al Estado a pagar los 1.350 millones que los bancos adelantaron en su día para compensar a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del fallido almacén artificial de gas Castor construido frente a las costas de Castellón
|
etiquetas: gobierno , tribunal supremo 
