El Gobierno y el medio centenar de bancos acreedores de las autopistas en quiebra han acercado posturas sobre el proyecto por el que se rescatarán estas vías, que suman una deuda de 3.800 millones de euros, mediante su integración en una empresa pública. El Ejecutivo ha manifestado a la banca su disposición a otorgar garantía del Estado y una mayor rentabilidad (de entre el 2,5% y el 2,6%) al bono a treinta años en el que se convertirá la deuda financiera que resulte tras la quita del 50% que se practicará en el sector.
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