La negativa de la Abogacía del Estado que ha esgrimido la ministra de Hacienda para no transferir más financiación a las comunidades autónomas no existía por escrito. Hasta este martes no hubo informe alguno que desaconsejase la liberación de los fondos, sino sólo consultas verbales, de las que el Ejecutivo en funciones se valía como si en realidad fueran documentos. Así lo aclaran fuentes cercanas a la ministra en funciones María Jesús Montero.
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