El Ejecutivo en funciones trabaja para que el CETA pueda aplicarse a partir del 2017, aunque no ha obtenido ningún tipo de apoyo del parlamento, ni le ha pedido que se pronuncie al respecto. Pide que se firme "con la mayor rapidez" la "aplicación provisional del acuerdo", para que "pueda entrar en vigor lo antes posible (previsiblemente a principios de 2017).
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