A dos años del decreto que dejó a miles de inmigrantes sin tarjeta sanitaria, el ministerio no puede calcular cuánto se ha ahorrado. Las ONG denuncian, entre las consecuencias de la reforma, la muerte de tres personas por una atención deficiente. La ministra Ana Mato insiste en que la sanidad sigue siendo "universal, pública y de calidad", aunque hay incluso extranjeros con residencia legal fuera del sistema.
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