El Gobierno se niega a explicar cómo será el cargo de 1.350 millones de euros que se realizará en el recibo del gas de los consumidores como consecuencia de la indemnización a Escal UGS –controlada en el 66,67% por el grupo que preside Florentino Pérez, ACS– por del cierre del almacén de gas Castor, y se limita a anunciar que realizará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo de gas por el "interés estratégico" que mantiene para España.
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