El Gobierno quiere evitar un nuevo riesgo sistémico para el sector financiero español a cuenta del índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH). La abogada del estado ha defendido ante los quince magistrados del pleno Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la legalidad de este índice y ha pedido la no retroactividad de los efectos en caso de que la futura sentencia del TJUE sea desfavorable para la banca que podría suponer un agujero entre 7.000 y 10.000 millones, aunque algunos bancos de inversión, como Goldman Sachs, elevan
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