El Gobierno intenta quedarse con una parte de los fondos de formación que pertenecen a los ocupados para poderlos destinar a las políticas activas de empleo, es decir, la formación de parados. Hasta siete sentencias de los tribunales establecen que los 0,7 puntos de cotización que aportan trabajadores y empresas se ha de utilizar exclusivamente en el reciclaje de ocupados y por lo tanto, han de ser gestionados por sus representantes, esto es, sindicatos y patronal
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