Un informe jurídico analiza que los países aprovecharon el mandato de hacer cambios técnicos para suavizar la ley de reducción de emisiones a favor de la industria. Modificar la ley requiere el voto del Parlamento, al que se ha ignorado, lo que permite a los diputados "vetar la decisión de la Comisión Europea", asegura el análisis". Adecuar los vehículos a estándares rigurosos costaría en general unos 100 euros por unidad", explican en la organización Transport & Enviroment".
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